Mi resumen de los acuerdos de Paz

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Mi resumen de los acuerdos de paz

 

Despues de leer varias veces los acuerdos de paz, he sacado un listado de los puntos que a mi manera de ver responden la mayoria de puntos que se han tocado y malinterpretado en redes y circulos sociales. Espero los lean y saquen sus propias conclusiones:
3.2.1.1. Garantías para el nuevo partido o movimiento político
• Financiación y asistencia técnica
• Funcionamiento
Como una medida para facilitar el tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026, una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.
Por otra parte, con el fin de contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará un 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022.
Las anteriores sumas no afectarán el monto a distribuir por parte del Fondo para los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
• Campañas electorales
Las campañas de los candidatos a la Presidencia y al Senado de la República inscritos por el partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la actividad política legal para participar en las elecciones de 2018 y 2022, tendrán financiación preponderantemente estatal de conformidad con las siguientes reglas: i) En el caso de las campañas presidenciales se les reconocerá la financiación estatal que corresponda a los candidatos que reúnan los requisitos de ley, de conformidad con las disposiciones aplicables a dichas campañas; ii) En el caso de las campañas al Senado, recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral; iii) la financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas en la ley.
Acceso a medios
El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal tendrá acceso a espacios en los medios de comunicación en las mismas condiciones que los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de acuerdo con la aplicación de las normas vigentes.
3.2.1.2. Representación política
a. Congreso de la República
Tras la firma del Acuerdo Final y luego de la dejación de las armas de las FARC-EP, y con el fin de facilitar su transición a la política legal y asegurar un escenario para la promoción de su plataforma ideológica, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar, mediante una fórmula transitoria, la representación política en el Congreso de la República al nuevo partido o movimiento político, durante dos períodos constitucionales contados a partir del 20 de julio de 2018:
Podrá inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica para la circunscripción ordinaria del Senado de la República y para cada una de las circunscripciones territoriales ordinarias en que se elige la Cámara de Representantes.
Estas listas competirán en igualdad de condiciones de conformidad con las reglas ordinarias por la totalidad de las curules que se eligen en cada circunscripción. En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul.
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final la agrupación política constituida con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal, designará 3 voceros/as en cada una de las cámaras (Senado y Cámara de Representantes), quienes deberán ser ciudadanos/as en ejercicio, exclusivamente para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016. Estos voceros/as deberán ser citados/as a todas las sesiones en que se discutan los proyectos de acto legislativo o de ley correspondientes y podrán intervenir con las mismas facultades que tienen los Congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto. Los requerimientos para la realización de su trabajo serán definidos con el Ministerio del Interior.
b. Participación en el Consejo Nacional Electoral
El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal podrá designar de manera transitoria un delegado(a) ante el Consejo Nacional Electoral, quien tendrá voz pero no voto, y podrá participar en las deliberaciones de esa corporación.
3.2.2.5 Reincorporación para los menores de edad que han salido de los campamentos de las FARC-EP
Los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las FARC-EP desde el inicio de las conversaciones de paz, así como los que salgan hasta la finalización del proceso de la dejación de armas, serán objeto de medidas de especial atención y protección que se discutirán el marco de la Comisión de Seguimiento y que incluirán los principios orientadores que serán de aplicación a los menores de edad y los lineamientos para el diseño del Programa Especial conforme a lo establecido en el Comunicado Conjunto No. 70 de fecha 15 de mayo de 2016 para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. A estos menores se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto en la Ley de Víctimas 1448 de 2011 y se priorizará su reagrupación familiar cuando ello sea posible, así como su ubicación definitiva en sus comunidades de origen o en otras de similares características, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. El seguimiento a estos programas se efectuará por el Consejo Nacional de Reincorporación.
3.2.2.6 Identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social
c. Desarrollo y ejecución de programas y proyectos productivos sostenibles
Cada integrante de las FARC-EP en proceso de reincorporación, tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de pesos.
Proyectos individuales
A los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación que deseen emprender proyectos productivos o vivienda de manera individual, y verificada su viabilidad por el CNR, el Gobierno Nacional asignará por una sola vez la suma arriba señalada.
3.2.2.7. Garantías para una reincorporación económica y social sostenible
Renta básica
Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP a partir de la terminación de las ZVTN y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos.
Asignación única de normalización
Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP, al momento de la terminación de las ZVTN, recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos.
3.4. “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
• El Estado ostenta el monopolio del uso legítimo de las armas con la finalidad de garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todos los colombianos/as.
3.4.1. Principios orientadores
El Gobierno y las FARC- EP acuerdan los siguientes principios orientadores:
Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio
3.4.5 Integración de Cuerpo Élite
Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Las y los integrantes que conformen el Cuerpo Élite, serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad.
3.4.7.3 Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido
político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo.
El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, numeral 2.1.2.1, literal c, que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.
3.4.7.3.3 Cuerpo de Seguridad y Protección
El Gobierno Nacional creará un Cuerpo de Seguridad y Protección, conforme a lo establecido en este acuerdo, en su conformación de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, el cual tendrá enlace directo y coordinación con la Policía Nacional que a su vez designará enlaces para cada esquema de seguridad y protección, a nivel nacional, departamental y municipal según el esquema operativo establecido.
4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
En el marco del fin del conflicto y de la construcción de la paz, y con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio, el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS.
4.1.3.4. Tratamiento penal diferencial:
En el marco del fin del conflicto y en razón de su contribución a la construcción de la paz y al uso más efectivo de los recursos judiciales contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a partir de una visión integral de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, que tiene un origen multicausal, incluyendo causas de orden social, el Gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito cuando, dentro de un término de 2 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, manifiesten formalmente ante las autoridades competentes, su decisión de renunciar a cultivar o mantener los cultivos de uso ilícito.
4.1.3.6. Componentes de los planes integrales de sustitución:
Dadas las condiciones particulares de las comunidades especialmente afectadas por los cultivos de uso ilícito, los planes integrales de sustitución en esas comunidades incluirán, además de proyectos para la implementación de los Planes Nacionales acordados en el punto 1 (adecuación de tierras, infraestructura vial y comunicaciones, desarrollo social, asistencia técnica, crédito y financiación, mercadeo, compras estatales, etc.) donde haya lugar, los siguientes componentes:
a. Plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos
Una vez hecho el compromiso con la sustitución y la no resiembra de cultivos de uso ilícito y con el fin de facilitar el tránsito de las personas cultivadoras, recolectoras y amedieras hacia economías legales, mediante medidas de apoyo inmediato para garantizar su sustento y la seguridad alimentaria de los núcleos familiares; y de asegurar para las personas cultivadoras, recolectoras y amedieras y para las comunidades en general ingresos y condiciones de bienestar y buen vivir mediante la estructuración de proyectos productivos sostenibles a largo plazo, se implementarán las siguientes medidas:

• Para los núcleos familiares de los cultivadoras y cultivadores vinculados a los cultivos de uso ilícito:
o Asistencia alimentaria inmediata que consiste en la entrega directa de mercados, o de su equivalente en bonos o cualquier otros sistema que se establezca de acuerdo con las particularidades del territorio, hasta por 1 año, de acuerdo con el tamaño de cada núcleo familiar, las características propias y las necesidades de cada población y región, y el desarrollo de los proyectos de generación de ingresos. Se dará prioridad a los proveedores locales para el suministro de los mercados y se promoverá la asociatividad solidaria para que las comunidades contraten con el Gobierno el suministro de los mismos.
o Establecimiento de huertas caseras y entrega de especies menores con su debido acompañamiento técnico, provisión de insumos y alimento para los animales, de acuerdo con la preferencia de cada núcleo familiar.
o Proyectos de generación de ingresos rápidos, como cultivos de ciclo corto, piscicultura, avicultura, entre otros, con su debido acompañamiento técnico, dirigidos a suplir necesidades inmediatas de los núcleos familiares y sustituir de manera oportuna y suficiente los ingresos antes derivados de los cultivos de uso ilícito, de acuerdo con la preferencia de cada núcleo familiar y las condiciones y potencialidades de la zona.

• Para los recolectores y recolectoras las acciones comprenden:
o Asistencia alimentaria para los recolectores/as que vivan en los territorios donde se ejecuta el PNIS: consiste en la entrega directa de mercados, o de su equivalente en bonos
o cualquier otro sistema que se establezca de acuerdo con las particularidades del territorio, hasta por 1 año, por núcleo familiar5, de acuerdo a las características propias de cada población y región.
Opciones de empleo temporal para los recolectoras y recolectores asentados y no asentados en la región: la identificación de obras comunitarias y otras fuentes de empleo que surjan en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral-RRI, que vinculen de manera prioritaria a miembros integrantes de los núcleos de las familias de los recolectores y recolectoras. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de optar por ser beneficiario en los términos del punto 1.1.3. de la RRI.
• Para la comunidad en general:
o Primera infancia: con el fin de facilitar el acceso a oportunidades laborales a las mujeres cabeza de familia y contribuir a la seguridad alimentaria de la primera infancia, en las veredas afectadas por cultivos de uso ilícito se desarrollará un programa de guarderías infantiles rurales.
o Población escolar: con el fin de mejorar la seguridad alimentaria de las niñas y niños en edad escolar y promover su permanencia en las escuelas se desarrollará un programa de construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres para garantizar los desayunos a toda la población escolar de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, sin perjuicio de lo acordado en el punto 1 en el marco del Plan Especial de Educación Rural y en especial de los planes de choque de que trata el punto 1.3.4 Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la Reforma Rural Integral.
o Generación de opciones laborales: se crearán mecanismos de información para facilitar el acceso a las oportunidades laborales que surjan en el marco de la implementación de la RRI y en particular de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, que le permita a la comunidad que habita los territorios afectados por cultivos de uso ilícito identificar y acceder a la oferta laboral disponible, teniendo en cuenta medidas diferenciales para las mujeres rurales.
o Adultos mayores: implementación de programas contra el hambre para la tercera edad en el marco del Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación del punto 1.3.4 de la Reforma Rural Integral.
o Se implementarán programas de superación de la pobreza y de generación de ingresos.
o Se promoverá la realización de brigadas de atención básica en salud, sin perjuicio de lo establecido en el punto 1.3.2.1. “Plan Nacional de Salud Rural”.
o La viabilidad y sostenibilidad de los proyectos productivos de sustitución de cultivos de uso ilícito requieren de la puesta en marcha, por parte del Gobierno, de los planes contemplados en el punto 1.3.3 de la RRI en materia de estímulos a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, generación de ingresos y crédito, y mercadeo.
4.2.1.2 Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas:
Con el objetivo de mejorar la atención a los consumidores y las consumidoras que requieran de tratamiento y rehabilitación de manera progresiva, el Gobierno Nacional diseñará y pondrá en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social con enfoque de género.
4.3.2. Estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos
Estrategia para la implementación efectiva de la extinción de dominio: el Gobierno Nacional, pondrá en marcha una nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio, que incluya los recursos y los ajustes normativos e institucionales necesarios para cualificar y fortalecer las capacidades de las entidades del Estado competentes en materia de identificación de activos, investigación y judicialización, que estará acompañada de la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción.

Adicionalmente el Gobierno Nacional, mediante los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios, garantizará la administración transparente y eficiente de los bienes en proceso de extinción y promoverá la destinación de bienes y capitales objeto de extinción en apoyo a los planes y programas contemplados en el Acuerdo Final.
4.3.3. Control de insumos:
El Gobierno Nacional revisará y establecerá estrictos controles estatales sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos, requeridos para la producción de drogas ilícitas, acompañados del fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control por parte del Estado. Se establecerán normas y mecanismos que comprometan a las empresas productoras, importadoras y comercializadoras en la adopción de medidas de transparencia y de controles de uso final de insumos. Con el fin de no afectar actividades productivas lícitas, se diseñarán protocolos especiales que permitan identificar usos, frecuencias y lugares de la demanda por insumos.
5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto:
“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos
• El reconocimiento de las víctimas: Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos.
• El reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades.
• Satisfacción de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto.
• La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos.
• El esclarecimiento de la verdad: Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad.
• La reparación de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera.
• Las garantías de protección y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos.
• La garantía de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la Agenda deben apuntar a garantizar la no repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima o en riesgo de serlo.
• Principio de reconciliación: Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia.
De manera paralela, ampliamos los mecanismos de participación. Más de 3.000 víctimas participaron en cuatro foros en Colombia organizados por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, y sesenta víctimas viajaron a La Habana para dar sus testimonios directos a la Mesa de Conversaciones y ofrecer sus recomendaciones, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Sin contar las más de 17 mil propuestas, que por diferentes medios, enviaron las víctimas y demás ciudadanos a la Mesa de Conversaciones. Todas las propuestas que recibimos de las víctimas fueron fundamentales para el logro de los acuerdos.
5.1.1.2. Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que con el fin de establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de Agentes del Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier organización que haya participado en el conflicto, y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, el Gobierno Nacional pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto y tras la firma del Acuerdo Final, una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (en adelante la UBPD). Esta Unidad tendrá un carácter humanitario y hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Gozará de la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones.
En todo caso la UBPD entregará a los familiares un reporte oficial de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona o las personas dadas por desaparecidas.
II. CONTENIDOS, ALCANCES Y LÍMITES DE LA CONCESIÓN DE AMNISTÍAS E INDULTOS ASÍ COMO DE OTROS TRATAMIENTOS ESPECIALES.
23.- A la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano puede otorgar la amnistía “más amplia posible”. A los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, según lo establecido en el numeral 10, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la más amplia amnistía posible, respetando lo establecido al respecto en el presente documento, conforme a lo indicado en el numeral 38.
24.- La Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos y conexos.
25.- Hay delitos que no son amnistiables ni indultables de conformidad con los numerales 40 y 41 de este documento. No se permite amnistiar los crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma.
La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarse el presente documento. En caso de que ante la JEP obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes.
38.- Conforme a la anterior disposición, se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz. Respetando lo establecido en el Acuerdo Final y en el presente documento, las normas de amnistía determinarán de manera clara y precisa los delitos amnistiables o indultables y los criterios de conexidad. La pertenencia al grupo rebelde será determinada, previa entrega de un listado por dicho grupo, conforme a lo que se establezca entre las partes para su verificación. Entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Los mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes.
Antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final se determinará la forma en que se coordinarán la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, la entrada en vigor del componente de justicia del SIVJRNR y el acceso efectivo a la amnistía.
En el caso de las FARC-EP la participación en el SIVJRNR estará sujeta a la dejación de armas conforme a lo que se acuerde en el punto 3.2 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012.
40.- No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
41.- Tampoco son amnistiables o indultables en el SIVJRNR, los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme a lo determinado en la ley de amnistía.
43.- La concesión de amnistías e indultos no extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.
63.- Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a los mecanismos de justicia, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 48. t) de este documento, y recibir el tratamiento especial que las normas determinen siempre que cumplan con las condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición.
65.- El Tribunal para la Paz estará integrado por magistrados colombianos. Lo anterior no obsta para que las personas sometidas a su Jurisdicción soliciten que la Sección que vaya a conocer su caso se integre por 3 magistrados colombianos y 2 extranjeros. Deberán elegirse 20 magistrados colombianos, y además 4 extranjeros que actuarán en las Secciones en caso de ser solicitados.
LISTADO DE SANCIONES.
Las sanciones son de tres clases:
I.- Sanciones aplicables a quienes reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena en la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidades:
A.- En zonas rurales.
1. Participación/Ejecución en programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados.
2. Participación/Ejecución de programas de protección medio ambiental de zonas de reserva.
3. Participación/Ejecución de programas de construcción y reparación de Infraestructuras en zonas rurales: escuelas, carreteras, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios, etc.
4. Participación/Ejecución de programas de Desarrollo rural.
5. Participación/Ejecución de programas de eliminación de residuos en las zonas necesitadas de ello.
6. Participación/Ejecución de programas de mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas.
7. Participación/Ejecución en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
8. Participación/Ejecución en programas de recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito.
9. Participación/Ejecución de programas de Construcción y mejora de las infraestructuras viales necesarias para la comercialización de productos agrícolas de zonas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
B.- En zonas urbanas
1. Participación/Ejecución de programas de construcción y reparación de infraestructuras en zonas urbanas: escuelas, vías públicas, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios, etc.
2. Participación/Ejecución de programas de Desarrollo urbano.
3. Participación/Ejecución de programas de acceso a agua potable y construcción de redes y sistemas de saneamiento.
C.- Limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra, municiones sin explotar y minas antipersonal de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por estos artefactos.
1. Participación/Ejecución de programas de Limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra y municiones sin explotar.
2. Participación/Ejecución de programas de limpieza y erradicación de Minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.
II.- Sanciones aplicables a quienes reconozcan Verdad y responsabilidades por primera vez en el proceso contradictorio ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz, antes de dictarse sentencia.
Las sanciones alternativas para conductas muy graves que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión.
A continuación la Sección competente del Tribunal para la Paz le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de su reconocimiento de verdad, de responsabilidades y de colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el destinatario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y en su caso a promover actividades orientadas a la no repetición.
Cumplida la sanción alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia, se le concederá la libertad.
En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la sanción alternativa.
III.- Sanciones aplicables a quienes no reconozcan Verdad y responsabilidad en el proceso contradictorio ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz y resulten declarados culpables por éste.
Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en caso de graves infracciones o violaciones.
PROTOCOLOS Y ANEXOS
El día D+7 se inicia, con monitoreo y verificación del MM&V el transporte de las armas de
acompañamiento, del armamento de las milicias, las granadas y municiones, por parte de los
integrantes de las FARC-EP hacia las ZVTN y PTN, bajo la observancia del protocolo de seguridad para el transporte del armamento. Este procedimiento finaliza el día D+30.
El armamento de acompañamiento, granadas y municiones, que ingresa a los campamentos,
incluyendo las armas de las milicias, permanece en armerillos temporales bajo la responsabilidad de las FARC-EP hasta el día D+60 cuando serán almacenados en los contenedores dispuestos para este fin.
El día D+8, las FARC-EP entregarán la información al CI-MM&V con la cantidad de sus integrantes.
El día D+10 las FARC-EP entregará al CI-MM&V las coordenadas de los depósitos (caletas) del
armamento inestable entendido como todo aquel cuyo exterior este deteriorado: con rajaduras,
abolladuras, hundimientos y oxidación, así como el que posea material explosivo exudado y cualquier otro signo que permita determinar que su transporte pueda resultar peligroso, también las armas y explosivos de fabricación artesanal e insumos para su fabricación, para iniciar su proceso de destrucción de acuerdo a las coordinaciones entre el CI-MM&V y las FARC-EP bajo el cumplimiento de los protocolos de seguridad definidos para este fin los cuales se coordinarán con el Gobierno Nacional.
El CI-MM&V verificará la ejecución de este procedimiento.
La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las ZVTN y PTN, se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.
Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finaliza el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certifica el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.
El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.
Las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones:
1. Hacer presencia armada y uniformada en cualquier lugar diferente a los campamentos.
2. Salir de las ZVTN o de los PTN sin cumplir los procedimientos acordados en materia de seguridad para los desplazamientos.
3. Adquirir, fabricar, portar o transportar armas municiones y explosivos no autorizados en el acuerdo del CFHBD y DA.
4. Interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía.
5. Cometer actos de destrucción o de daño material, de las obras e instalaciones, infraestructura,
instalaciones gubernamentales y de la Fuerza Pública.
6. Realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización.
7. Incrementar su capacidad de combate.
8. Comercializar o preparar depósitos clandestinos de armas y pertrechos.
9. Modificar sin justificación la cantidad y relación de personas y armas autorizadas para permanecer en los Campamentos.
10. Incumplir el procedimiento técnico acordado de registro y almacenamiento de las armas
correspondiente a los y las integrantes de las FARC-EP que salen al cumplimiento de las tareas del
proceso de paz y de los y las integrantes de esta organización asignados al MM&V.

Protocolo y Anexos del capítulo de DISPOSITIVOS EN EL TERRENO Y ZONAS
del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y
Dejación de las Armas (DA).
os PTN tendrán un campamento, una zona de seguridad –de 500 metros a 1 km-, una recepción; y una sede local del MM&V por fuera de la zona de seguridad. Su extensión se definirá de acuerdo a las características topográficas del terreno, cantidad de agua e integrantes de las FARC-EP a ubicarse en ese punto.
Para efectos del presente protocolo, se adoptará la denominación de PTN para los 8 Campamentos establecidos en el acuerdo de CFHBD y DA, con el fin de diferenciarlo del concepto de campamento que se incluye dentro de las ZVTN.
Las ZVTN son zonas territoriales, temporales, transitorias, definidas, delimitadas y previamente
concertadas, cuyos límites corresponden a los de la vereda donde se ubican –pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo de la vereda donde se ubican-, tienen una extensión razonable que permite el monitoreo y la verificación por parte del MM&V, y cuentan con una zona de seguridad de 1 km de ancho a su alrededor para las ZVTN.
Los PTN se han establecido con base en los mismos criterios y propósitos que las ZVTN. Los PTN se
diferencian de las ZVTN por su menor dimensión –que implica que sólo alberga 1 campamento- y por estar en zonas que facilitan la ubicación de estructuras de las FARC-EP que están más dispersas en el territorio.
Cada ZVTN tendrá un número de campamentos de acuerdo a la cantidad de integrantes a ubicar y las condiciones del terreno, contará con un solo lugar para el almacenamiento de sus armas en contenedores,
una Recepción, una Sede Local del MM&V ubicada en lo posible en un caserío cercano, y la logística necesaria –conforme al protocolo de logística- para el cumplimiento del acuerdo de CFHBD y DA.
Funcionamiento de las ZVTN y PTN
En las ZVTN y PTN se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el normal funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las ZVTN y los PTN no serán utilizados para realizar manifestaciones de carácter político. Se podrán realizar reunión de pedagogía del proceso.
De igual forma, se garantiza el normal desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios, y en particular en las ZVTN y los PTN.
Con este fin, los y las residentes en estas zonas tendrán derecho a su libre locomoción sin ninguna
restricción, con excepción de los campamentos de las FARC-EP; y exclusivamente estarán sujetos a los derechos y deberes que consagra el ordenamiento jurídico colombiano.
Cada ZVTN y PTN cuenta con un área de recepción para atender las personas que lleguen a las mismas.

El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades
Bilateral y Definitivo según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y
las FARC-EP que guia el proceso de fin del conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.

Protocolo y Anexos del capítulo de Dispositivos en el Terreno y Zonas – RUTAS DE DESPLAZAMIENTO –
RD- Y COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS EN EL TERRENO del Acuerdo de Cese al Fuego y de
Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA).
Rutas de Desplazamiento –RD- y Coordinación de Movimientos en el Terreno.
Las Rutas de Desplazamiento (RD) son corredores de movilidad creados y delimitados geográficamente
de manera temporal para facilitar, de manera segura, ágil y verificable, el tránsito de las estructuras de las FARC-EP –misiones, comisiones, Unidades Tácticas de Combate (UTC) y milicias- hacia las ZVTN y los PTN.
Las RD estarán habilitadas a partir del día D+5. El proceso de desplazamiento para la ubicación de todas las estructuras de las FARC-EP a las ZVTN y PTN, se hará entre el día D+5 y el día D+30. Dentro de este periodo cada estructura de las FARC-EP se movilizará a las zonas, en el tiempo prudencial que requiera, de acuerdo con la distancia, topografía y los medios empleados para su transporte. Una vez ubicada cada estructura en la ZVTN o PTN se informará al MM&V para proceder al reacomodamiento de los dispositivos de la Fuerza Pública y deshabilitar las RD.
La Fuerza Pública, en coordinación con el MM&V, adecuará su dispositivo para garantizar la seguridad y evitar que ocurran incidentes durante los desplazamientos de las FARC-EP a las ZVTN y PTN.
Generalidades para el diseño de las RD, así:
b. La ruta debe estar descrita en el formato del anexo XX “Rutas de Desplazamiento”.
c. Las RD serán de carácter secreto. Se usarán mapas y coordenadas para delimitar sobre el terreno sus dimensiones. Estos deben ser de conocimiento del MM&V y NO podrán ser dados a conocer a la opinión pública, mediando compromiso de confidencialidad entre los intervinientes en el procedimiento.
e. A más tardar el día D+30 la totalidad de las estructuras de las FARC-EP deberán haber llegado a las respectivas ZVTN y los PTN, siempre y cuando se hayan habilitado las RD de manera oportuna.
Protocolo del capítulo de Seguridad para LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS FARC-EP del Acuerdo
de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y
Dejación de las Armas (DA).
SEGURIDAD PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS FARC-EP DURANTE EL CFHBD Y DA.
2- Por fuera de los campamentos las y los integrantes de las FARC-EP transitan en traje de civil y sin armamento.
SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN CIVIL DURANTE EL CFHBD Y DA.
5. Durante la vigencia de las ZVTN y PTN será suspendido el porte y la tenencia de armas para la
población civil dentro de dichas zonas y en las ZS.
SEGURIDAD EN LAS ZONAS VEREDALES TRANSITORIAS DE NORMALIZACIÓN (ZVTN) Y LOS PUNTOS
TRANSITORIOS DE NORMALIZACIÓN (PTN) DURANTE EL CFHBD Y DA.
4. Alrededor de las ZVTN y los PTN se implementa una zona de seguridad de un kilómetro (1 Km) para evitar incidentes o accidentes. Esta zona de seguridad esta supervisada por el MM&V y en ella no hacen presencia integrantes de la Fuerza Pública o de las FARC-EP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran.
5. En cada ZVTN se identifica un solo campamento dentro del cual se establece un sitio específico donde son ubicados los contenedores para almacenar el armamento y la munición de las FARC-EP. Estos lugares están plenamente identificados y cuentan con los respectivos controles y medidas de
seguridad, bajo la supervisión del Componente Internacional del MM&V (CI-MM&V). Con este mismo fin, en los PTN se ubica un solo sitio en el campamento.
6. Durante la vigencia de las ZVTN y los PTN es suspendido el porte y la tenencia de armas para la
población civil. Por fuera de los campamentos las y los integrantes de las FARC-EP transitan en traje de civil y sin armamento.
Protocolos de seguridad para la MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y CONTROL
ARMAS durante el CFHBD y DA
a. Manipulación
1. Durante los desplazamientos hacia las ZVTN, PTN y en los campamentos, no se podrá manipular
ningún tipo de explosivo, munición explosiva, sustancias peligrosas o artefactos explosivos
improvisados.
2. Por seguridad, no se podrá manipular, portar o tener armas de fuego, municiones y explosivos al interior de los dormitorios, comedores, aulas, baños y áreas de recreación de los campamentos, ni en las recepciones implementadas para cada una de las ZVTN y los PTN.
3. Para el porte, manipulación y mantenimiento de las armas de fuego se aplicarán las normas de
seguridad establecidas en el decálogo de seguridad con las armas de fuego.
4. La destrucción del armamento inestable se efectúa por parte de las FARC- EP en coordinación con el CI-MM&V, teniendo en cuenta los estandares internacionales en seguridad. El CI-MM&V certifica y comunica este procedimiento.
5. Se deberá asegurar que los sitios donde se vaya a realizar la destrucción de material inestable, y sus rutas de aproximación, se encuentren libres de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG).
Protocolo y Anexos del capítulo de DEJACION DE ARMAS (DA) del Acuerdo de Cese al Fuego y de
Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA)
La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP implica un proceso organizado, trazable y verificable que se desarrolla en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las Armas. El proceso de Dejación de las Armas inicia con la firma del Acuerdo Final.
La DA incluye los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.
Registro: consiste en el procedimiento técnico por el cual el Componente Internacional del
Mecanismo de Monitoreo y Verificación (CI-MM&V) consigna la cantidad y tipo de armas recibidas
a las FARC-EP (procedimiento según Anexo A).
Identificación: corresponde al procedimiento técnico por el cual el CI-MM&V establece las
características de las armas de las FARC-EP. Este procedimiento se hace únicamente con las armas
individuales que porten los integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos
(procedimiento según Anexo A).
Monitoreo y verificación de la tenencia: es la actividad por la cual los observadores del CI-MM&V desplegados de forma permanente en los campamentos de las FARC-EP constatan que cada uno de los integrantes de las FARC-EP que permanece en un campamento porta su arma individual con su dotación de munición. Esto se hace con base en el registro e identificación previamente efectuado.
Recolección: es entendida como el procedimiento técnico mediante el cual el CI- MM&V recibe todas las armas de las FARC-EP, conforme al procedimiento consignado en este Acuerdo.
Almacenamiento del armamento: es el procedimiento por el cual el CI-MM&V deposita el
armamento recibido de las FARC-EP, previo registro y marcado para control de inventario, en
contenedores dispuestos a tales efectos dentro de uno de los campamentos de cada ZVTN, así
como en cada uno de los PTN. El área de terreno en la cual se ubican los contenedores será
restringida. Sólo el CI-MM&V, quien efectúa monitoreo y verificación permanente, puede ingresar
a dicha área.
Extracción del armamento: es el procedimiento técnico por el cual la ONU se encarga de la salida física del armamento de las ZVTN y PTN. La ubicación de este armamento será determinada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con la ONU. Este armamento será destinado a la construcción de 3 monumentos.
Disposición final del armamento: Es el procedimiento técnico por el cual las armas de las FARCEP se utilizan para la construcción de 3 monumentos a saber: uno en la sede de las Naciones
Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en lugar a ser determinado
por la organización política surgida de la transformación de las FARC-EP, en acuerdo con el
Gobierno Nacional.
Procedimiento
Para efectos de la DA, al día de la entrada en vigor del Acuerdo Final se le denomina “día D”. La DA implica una fase de Planeamiento y otra de Ejecución.
24.08.2016
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Fase de planeamiento
A partir del día D+5, las FARC-EP entregan al CI-MM&V la información sobre las armas que tienen en su
poder, a fin de que el CI-MM&V esté en condiciones de prever la cantidad y tipo de contenedores en los
que se almacenarán las armas. Ello también permitirá planificar adecuadamente el monitoreo y
verificación sobre el transporte, así como proceder al registro, identificación, monitoreo y verificación de
la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.
Esta información incluirá:
Cantidad total de armas por tipo que serán transportadas hasta las ZVTN y PTN.
Cantidad de armas por tipo correspondientes a integrantes de las FARC-EP que sean miembros del
MM&V, y de aquellos autorizados a salir de los campamentos para cumplir tareas relacionadas con el
proceso de paz (60 en total a nivel nacional y 10 por cada ZVTN y hasta 8 por cada PTN).
Cantidad de armas de acompañamiento, granadas y municiones por tipo, así como el armamento de
milicias que será transportado a las ZVTN y PTN entre el día D+7 y el día D+30.
Cantidad y tipo de armamento inestable que se destruirá y geo referenciación de los depósitos
(caletas).
Lugar y oportunidad en que se realizará la destrucción del armamento inestable de las FARC-EP.
Toda esta información deberá permitir un planeamiento al detalle del MM&V con los responsables de la seguridad de este para lograr una actividad eficiente, segura y con el secreto necesario, de acuerdo a los protocolos.
Fase de ejecución
El día D+5 las unidades de las FARC-EP inician el desplazamiento hacia las ZVTN y PTN correspondientes transportando el armamento individual con su dotación de munición.
El MM&V monitorea y verifica este procedimiento.
Una vez arribadas a las ZVTN y PTN, el CI-MM&V verificará que no haya explosivos, armas o elementos que no deban ingresar a la ZVTN o PTN, en el caso de detectarse material inestable se procederá a su destrucción en los lugares previamente seleccionados.
Se considerará armamento inestable todo aquel cuyo exterior pueda apreciarse deteriorado con
rajaduras, abolladuras, hundimientos y oxidación, así como el que posea material explosivo exudado y cualquier otro signo que permita determinar que su transporte pueda resultar peligroso. También las armas, minas y explosivos de fabricación artesanal e insumos para su fabricación.
Seguidamente, el CI-MM&V procede al registro y almacenamiento las armas individuales de los miembros de las FARC-EP asignados al MM&V, así como también las de aquellos que saldrán en cumplimiento de actividades relacionadas con el proceso de paz. A partir de entonces, el CI-MM&V inicia el monitoreo sobre la tenencia de las armas individuales de los integrantes de las FARC-EP que permanezcan dentro de los campamentos.
Entre el día D+7 al día D+30 las FARC-EP transportan a las ZVTN y PTN las armas de acompañamiento, el armamento de las milicias, las granadas y municiones. El MM&V monitorea y verifica este procedimiento.
Estas armas, granadas y municiones serán registradas y marcadas para fines de control de inventario, y las que no sean destinadas al porte individual serán acondicionadas en armerillos temporales bajo responsabilidad de las FARC-EP. El CI-MM&V inicia el monitoreo sobre estas armas, granadas y municiones.
Se deberá monitorear la totalidad del armamento, granadas y municiones de las FARC-EP que se
encuentren dentro del campamento, en forma aleatoria o mediante otro método, siempre en
coordinación con el comandante de las FARC-EP de cada campamento. La frecuencia dependerá de la cantidad de armamento y la situación.
El día D+60 se procede al almacenamiento de las armas de acompañamiento, las armas de milicias, las granadas y las municiones que se encontraban temporalmente acondicionadas en armerillos.
Paralelamente, entre el día D+10 y el día D+60 las FARC- EP realizan la destrucción del armamento
inestable guardado en depósitos (caletas) previamente geo referenciados bajo los parámetros
establecidos en los protocolos de seguridad. El CI-MM&V verificará la destrucción del armamento
inestable y confeccionará un acta donde detallará fecha, hora, lugar (geo referenciado), cantidad y tipo de armamento. Al mismo tiempo el CI-MM&V deberá verificar la correcta preparación de la actividad.
Esta actividad deberá estar adecuadamente coordinada entre las FARC-EP, CI-MM&V y el Gobierno Nacional debido al esfuerzo logístico y de seguridad que ello implica.
La recolección y almacenamiento del armamento individual que permanece en poder de los (as)
integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos se hará de manera secuencial y en tres fases:
D+90 se almacena el 30% del total
D+120 se almacena otro 30% del total
D+150 se almacena el 40% restante
En forma similar a lo establecido en el párrafo anterior, entre el día D+150 y el día D+180 las Naciones Unidas proceden a la extracción de todas las armas almacenadas, previamente inhabilitadas para su utilización como armas de guerra y a la destrucción de las granadas y municiones.
El día D+180 se da por finalizado el funcionamiento de estas ZVTN y los PTN y se da por cumplido el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el fin del proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.
Finalizado el proceso de extracción de las armas, conforme a los procedimientos acordados, Naciones Unidas certifica el cumplimiento de este proceso, procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.
ALMACENAMIENTO DE LAS ARMAS Y MUNICIONES
Los contenedores serán asegurados mediante un sistema de doble cierre cuyas llaves estarán, una en poder del CI-MM&V, y la otra en poder del comandante de las FARC-EP de la ZVTN o PTN respectivo.
CAPÍTULO VI
EFECTOS DE LA AMNISTIA
Artículo 40. Efectos de la amnistía. La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las
accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible,y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición.
En todo caso, lo dispuesto en este artículo no tendrá efectos sobre la acción de extinción de dominio, ejercida por el Estado de conformidad con las normas vigentes, sobre bienes muebles o inmuebles apropiados de manera ilícita. En caso de que el bien inmueble afectado por la extinción de dominio sea propiedad del padre, madre, hermano o hermana o cónyuge del amnistiado y se hubiere destinado de forma prolongada y habitual desde su adquisición a su vivienda familiar, la carga de la prueba de la adquisición ilícita corresponderá al Estado.
En el evento de que ya se hubiera extinguido el dominio sobre dicho inmueble antes de la entrada en vigor de esta ley y la decisión de extinción de dominio hubiere calificado el bien como adquirido con recursos provenientes de actividades de las FARC-EP, y el antiguo propietario declare bajo gravedad de juramento que el bien lo obtuvo con recursos lícitos, este podrá solicitar la revisión de la sentencia en la que se decretó la extinción de dominio, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito judicial competente según el lugar donde esté ubicado el inmueble o ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia según el caso. Si la sentencia de revisión no ha sido proferida en el término de un año, deberá ser adoptada en dos meses con prelación a cualquier otro asunto. La solicitud de revisión podrá instarse en el término de dos años desde la entrada en vigor de esta ley. Toda solicitud de revisión deberá ser suscrita por un plenipotenciario que hubiere firmado el Acuerdo Final de Paz.
CAPÌTULO II
MECANISMOS DE TRATAMIENTO ESPECIAL DIFERENCIADO PARA AGENTES DEL ESTADO

Artículo 45. De la renuncia a la persecución penal. La renuncia a la persecución penal es un mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado para Agentes del Estado propio del sistema integral mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera.
Este mecanismo no procede cuando se trate de:
1. Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de
rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la
desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la
sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de
menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
2. Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.
3. Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la
seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar
CAPÍTULO IV
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN UNIDAD MILITAR O POLICIAL PARA AGENTES DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Artículo 54. Privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para Agentes del Estado. La privación de la libertad en Unidad Militar o Policial para Agentes del Estado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz es un beneficio expresión del tratamiento penal especial diferenciado propio del sistema integral, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera.
Este beneficio se aplicará a los Agentes del Estado detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz.
ACUERDO PARA FACILITAR LA EJECUCION DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE DEJACION DE ARMAS ALCANZADO MEDIANTE ACUERDO DE 23 DE JUNIO DE 2016
4. Las personas privadas de la libertad por pertenecer a las FARC EP, que tengan condenas
o procesos por delitos indultables según las normas en vigor a la fecha del inicio de la
dejación de armas, serán objeto del indulto previsto en la Ley 418 de 1997 y sus
posteriores reformas, exclusivamente para las conductas que las leyes permiten indultar.
El indulto se otorgará con efectos desde el momento en el que se inicie el proceso de
dejación de armas.
5. Las personas privadas de la libertad por pertenecer a las FARC EP, que tengan condenas
o procesos por delitos que las leyes en vigor en el momento del inicio de la dejación de
armas no permitan indultar, en aplicación de lo establecido en el Código Penitenciario y
Carcelario (ley 65 de 1993) y las normas que lo reglamentan, serán trasladadas a las Zonas
Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), una vez que los miembros de las FARC
EP en proceso de dejación de armas se hayan concentrado en ellas en cumplimiento del
acuerdo de 23 de junio de 2016.
Las personas trasladas permanecerán en dichas Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (ZVTN) en situación de privación de la libertad en las condiciones
establecidas en el numeral 7 del artículo 2 del Decreto 4151 de 2011 y normas
concordantes.
Estas personas se ubicarán en espacios diferenciados de los campamentos donde se
ubiquen los miembros de las FARC EP en proceso de dejación de armas, no pudiendo
ingresar en los citados campamentos.
El INPEC podrá ingresar en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)
cualquier momento a efectos de verificar el cumplimiento del régimen de traslado,
vigilancia y custodia. Cuando el INPEC decida verificar donde se encuentra el trasladado
informará al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine su ingreso de
acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP

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